Acción en el IVIMA

(JPG) Existe una costumbre generalizada de hablar del problema de la vivienda, reduciéndolo a una cuestión cuantitativa sobre el número de viviendas que hay que poner en el mercado, y si el precio es o no disparatado. Al final parece que todo es cosa de cuentas, de que los números nos cuadren. Complejizar ese debate requiere no solamente hablar del desorbitado precio de la vivienda y de las dificultades crecientes para acceder a la misma, sino que nos obliga a reflexionar sobre la insostenibilidad estructural del mercado inmobiliario, tanto económica como ambientalmente.

IVIMA: Cerrado por incompetencia. La problemática de la vivienda.

España es el país con el menor stock de vivienda en alquiler y la mayor tasa de viviendas secundarias y vacías de Europa, a pesar de lo cual construye más que Francia y Alemania juntas, con el doble de población. Un modelo de crecimiento urbanístico que prioriza la rentabilidad económica sobre la social, el beneficio de las empresas sobre la utilidad social de las ciudades.

En Madrid, el modelo de crecimiento urbano rápido y disperso (como un cáncer por la piel del territorio) se convierte en un dilapidador de recursos energéticos e hídricos, un generador de residuos incapaces de ser absorbidos, y una fuente de contaminación atmosférica y acústica derivada de la movilidad basada en el vehículo privado.

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Las nefastas políticas públicas.

La política desde las administraciones se confabula con esta tendencia: desde los Ayuntamientos que utilizan la recalificación de suelo y el crecimiento urbanístico para conseguir la financiación necesaria, hasta los Gobiernos que legislan a favor de la corriente (no penalización fiscal de las viviendas vacías, escasez de vivienda pública en alquiler que no dilapide los recursos públicos, apostar por la nueva construcción y no por la rehabilitación, o la consideración de la okupación como delito, por poner algunos ejemplos). La vivienda como negocio para las élites, como inversión para el ahorro de las clases medias, como un sueño inalcanzable para un número cada vez mayor de desheredados. Este es el resultado lógico de unas políticas económicas, no sociales, pensadas para el crecimiento del PIB, no para mejorar las condiciones de vida de las personas. No se comprende muy bien por qué las políticas que desarrollan las administraciones públicas se rigen por los mismos criterios del sector privado (básicamente el ánimo de lucro).

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En la Comunidad de Madrid, el incremento de los precios de la viviendaprotegida (30% en seis meses entre la orden 496/2004 y los fijados en la orden 2863/2004), las políticas propagandísticas y derrochadoras de dinero público (cheques-vivienda, alquiler con derecho a compra), o la anunciada reforma de la Ley del Suelo regional en un sentido aún más ultraliberal, no abren precisamente perspectivas esperanzadoras.

El IVIMA: cerrado por incompetencia.

El IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) teóricamente es el principal instrumento para resolver el problema de acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, este organismo dependiente del Gobierno regional no cumple con las funciones que tiene asignadas -construcción de vivienda protegida, remodelación y rehabilitación y actuaciones como responsable del mantenimiento de las viviendas que tiene a su cargo-.

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