Mesa Redonda: criminalización de los movimientos sociales. Euskalherria, Madrid, Movimiento Global

Domingo 24 de febrero de 2008, por Rompamos el Silencio

Inicia la mesa redonda Juanma, en nombre de Madrid Antifascista presentado como un conjunto de personas y organizaciones afines a la Coordinadora Antifascista de Madrid que decidieron dejar de coordinarse a través de llamadas telefónicas para reunirse en Asamblea tras el asesinato de Carlos. Recuerda que la suspensión de la manifestación del 24-N por el asesinato de Carlos Palomino como ejemplo de la represión y criminalización del movimiento antifascista. Para Juanma, desde que está presente la Ley de Partidos, cualquier colectivo que se movilice va a ser reprimido, y en la práctica se ve en el caso que estamos tratando, el 18/98. Este miembro de la Coordinadora Antifascista de Madrid ha concluido diciendo que en España “existe un denominador común: la herencia del Franquismo se mantiene en un Estado que dispone de instituciones fascistas”. Según él, la represión se está dando sobre la izquierda abertzale (18/98), sobre Socorro Rojo y se prepara contra Izquierda Castellana y la Coordinadora Antifascista. Quien luche consecuentemente contra el capitalismo va a conocer de cerca la mano represiva del estado, afirma Juanma.

Karry, activista de Acción Global describe el contexto global de los procesos represivos que luego padecemos a nivel local. El análisis podría arrancar de USA tras el 11S y la Patriot Act . Pero no todo se explica a partir del 11S: en nuestra “civilizada” Europa disponemos de prácticas y modelos represivos propios que en nada envidian al modelo americano. En líneas generales estamos hablando de procesos de militarización de lo social. En países como el nuestro se recurre, como elemento legitimador, al conflicto vasco y a la persistencia de expresiones armadas del mismo. Pero en otros sitios donde no hay conflictos armados también se dan los mismos procesos de control y militarización de la protesta y la resistencia. Es un modelo transnacional que tiene más que ver con una dinámica y unas necesidades globales del capital y los estados y menos con las particularidades locales. En Francia, donde no existe un conflicto político con expresión armada, la revuelta juvenil en las barriadas obreras es el conflicto sobre el que el estado esta poniendo en juego un conjunto de medidas de vigilancia y control soportadas en el desarrollo de tecnologías militares: dispositivos de control, como aviones espías utilizados en conflictos bélicos se están usando para controlar a la población de barrios rebeldes y de sectores sociales especialmente vigilados.

En relación a lo que se conoce como el movimiento global en Alemania hay una ofensiva estatal contra el espacio difuso que constituye el fenómeno resistente conocido como Militant!. La demonización de los sectores mas combativos del movimiento se acompaña de montajes y campañas mediáticas y policiales con la que se pretende señalar a colectivos y personas muy específicas como responsables de acciones de sabotaje que se han multiplicando en los últimos años.

Respecto a lo ocurrido en Génova en el año 2001 Karry describe la estrategia política y judicial para criminalizar y condenar al espacio desobediente. En una línea similar a la aplicada en España en relación al País Vasco y sobre una legislación hecha a la medida de las organizaciones autónomas de los 70: recurriendo a figuras retóricas y jurídicas que se refieren a las organizaciones anticapitalistas en términos del estilo de "colectivos cuya intencionalidad es la subversión del orden constitucional y las instituciones el estado" se pretende criminalizar y se ha condenado a decenas de activistas por el hecho de pertenecer a determinados espacios políticos y no por haber llevado a cabo actividades concretas, probadas, que pudiesen ser constitutivas de algún delito. Se están construyendo sentencias basadas en criterio abiertamente políticos y no en las disposiciones básicas de la metodología jurídica burguesa.

Jaume Assens, abogado del movimiento de okupación en Barcelona, ha centrado su discurso en contar cómo se vive en Cataluña la represión en el ámbito de la okupación. La policía nacional ha ido modificando sus estrategia dentro de las tres etapas en las que Jaume divide el desarrollo del movimiento okupa. Hoy día el protagonismo en la policía nacional lo tiene la Brigada de Información, división con una estrategia más selectiva e invisible, y más difícil de denunciar. Uno de los aspectos mas interesantes de la intervención de Jauma fue el análisis acerca de como los movimientos sociales reorganizan su actividad y sus relaciones con otros movimientos en función del modelo y las prácticas represivas que se aplican contra ellos. El “marco de injusticia” que se crea a partir de la intervención policial, de sus provocaciones y montajes ha permitido superar las campaña de criminalización (los intentos de relacionar al movimiento de okupación con ETA). Gracias al trabajo de comunicación y al trabajo jurídico se ha conseguido superar la presión policial mediática construyendo un frente de resistencia urbana articulado en torno a los centros sociales okupados. Hitos como el desalojo del cine Princesa, las provocaciones policiales en las manifestaciones contra la guerra en el 2001 son determinantes para comprender cuál ha sido la estrategia de criminalización policial y la capacidad de resistencia de las redes sociales frente a ella. La conclusión mas interesante seria que no siempre la represión debilita a medio plazo a los movimientos: dependiendo de como se manejen los recursos políticos, jurídicos y comunicactivos se puede resistir y avanzar.

El último de los ponentes de la charla de esta tarde ha sido Julen Arzuaga abogado de Gestoras Pro-amnistía especialista en represión y procesado en la causa de la ilegalización de Gestoras. Para Julen existe una crisis del Estado Español, que motiva que crezca n movimientos sociales a los que se les está relacionando con ETA en una etapa en la que “todo es terrorismo”. Julen ha aportado numerosos datos sobre este macroproceso 18/98 cuyo juicio comenzará en la Audiencia Nacional el próximo 21 de abril. Entre otros: 42 personas arrestadas han estado incomunicadas durante 5 días; se han producido 209 encarcelamientos; ha habido 123 movilizaciones prohibidas; 2155 controles militares en carreteras. El dato más esclarecedor de la criminalización de la sociedad vasca que existe es que de media en Euskadi hay 11,23 policías por cada mil ciudadanos. En el resto de España esta cifra es de 5 policías por cada mil habitantes, cuando la UE recomienda que sean 3.

Con esta cuarta ponencia terminó la charla y se abrió una ronda de preguntas que duró hasta las seis y media de la tarde.

Portafolio



Seguir la vida del sitio SPIP