Rompamos el Silencio.
Madrid. Del 17 al 20 de Mayo de 2010.
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Agronegocio: el capital europeo (y la Europa del Capital) en el campo brasileño

Breno Bringel y Jon Sanz Landaluze, Komite de apoyo al MST Madrid; Douglas Estevam y Janaina Stronzake, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil

Domingo 16 de mayo de 2010

En la estructura agraria brasileña actual, caracterizada por la profundización de los aspectos más perniciosos para los campesinos y campesinas, la concentración de la tierra sigue siendo el tema central que mejor refleja la apuesta por un modelo, el agronegocio, que el gobierno brasileño y la Unión Europea tratarán de profundizar en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) que se celebrará en Madrid a mediados de mayo. Según el último Censo Agropecuario Brasileño, divulgado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en 2009, hubo un incremento de la concentración de tierras en Brasil en los últimos años. En 2000, el Índice GINI en lo que se refiere a la propiedad de tierras era de 0,802; en 2006, se había incrementado a 0,872, lo que supone un 76% de las tierras en manos de grandes y medianos latifundistas.

Esos datos tienen una importante razón de ser: la carrera por los agrocombustibles y la actuación de grandes empresas transnacionales, la mayoría de capital europeo, que actúan en el sector. Las consecuencias de esa actuación son múltiples y multidimensionales: la creciente expulsión de campesinos/as de sus tierras; las condiciones degradantes de trabajo (caracterizada por formas de explotación de la mano de obra que se asemejan al trabajo esclavo); las persecuciones y violencias (estructurales, físicas, psicológicas, etc.) contra los movimientos sociales; y el agravamiento de los problemas ambientales como consecuencias del modelo basado en monocultivos en detrimento de la biodiversidad, que apuesta por la creciente utilización de pesticidas químicos y la consecuente contaminación del medio ambiente, los suelos, aguas e impactos en la salud de los trabajadores y trabajadoras del campo.

A pesar de ello, se observa que en el actual contexto de preparación de la Cumbre UE-ALC en Madrid hay una apuesta explícita por parte de la UE en incrementar su influencia financiera en América Latina a partir de este modelo comercial y agrícola. Todo ello enmarcado en la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, en nuevas firmas de tratados bilaterales de libre comercio (casos de Perú y Colombia), nuevas apuestas estratégicas (casos de Chile y México) e incluso acuerdos birregionales (con América Central). En este camino hacia lo que desde Bruselas se denomina un “acuerdo de asociación estratégica global”, el gobierno brasileño, a quien también le interesa contar con la UE como aliado para su proyección regional/internacional, es un pilar fundamental. Tienen en común una gran variedad de intereses mutuos que culmina en 2007 con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Brasil y la UE, base formal para que empresas europeas logren riendas sueltas para seguir su narrativa de poder y dominación.

Teniendo en cuenta esta complicidad de la UE y sus aparatos institucionales, presentaremos en este breve texto dos ejemplos específicos de la presencia de empresas europeas, la suiza Syngenta y la francesa Louis Dreyfus, en el campo brasileño. Mientras en el primer caso veremos cómo opera el sector agroquímico, en el segundo nos adentraremos en el sector sucro-alcoholero, vinculado a los agrocombustibles. En los dos casos, encontraremos diferentes formas de explotación y violencia del modelo del agronegocio contra el campesinado y su entorno, pero también muestras vivas de denuncias y resistencias que asumen inevitablemente un carácter internacional y transnacional.

Syngenta y el mercado agroquímico

En el año 2008, Brasil se tornó el mayor consumidor mundial de agrotóxicos, con una cifra superior a las 670.000 toneladas al año, premio que el gobierno Lula no suele contabilizar en sus intervenciones ante la opinión pública internacional. Según el Sindicato Nacional de Industria de Defensa Vegetal (SINDAG), los beneficios de la industria química el año pasado en Brasil fueron de 7.125 millones de dólares, valor superior a los 6.600 millones facturados por el mismo sector en Estados Unidos. Por otro lado, según datos del IBGE, sólo en el año 2006 más de 25.000 trabajadores rurales sufrieron intoxicaciones.

El caso de la actuación de la empresa suiza Syngenta Seeds contribuye a aclarar estas cifras y mucho de lo que sucede en las zonas rurales de Brasil y en América Latina en la actualidad. Con un control aproximadamente del 20% del mercado mundial de agroquímica, por detrás únicamente de Monsanto y Dupont (empresas transnacionales también presentes en Brasil), Syngenta mantenía desde 1998 un campo de experimentos de 127 hectáreas en la ciudad de Santa Tereza del Oeste, en el Oeste del Estado de Paraná (sur de Brasil). Infringiendo la Ley de Bioseguridad, la empresa realizaba experimentos con maíz transgénico en un área de protección ambiental del Parque Nacional de Iguazú, reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad por Naciones Unidas desde 1986.

Organizaciones campesinas de Vía Campesina Brasil ocuparon esta área de experimentos de Syngenta en marzo de 2006, durante la realización de la Convención de Biodiversidad Biológica (COP/MOP), como una forma de denunciar el crimen ambiental cometido por la empresa. Esta acción tuvo una gran repercusión internacional y organizaciones ecologistas de más de 15 países, presentes en la COP/MOP, visitaron el lugar para constatar las irregularidades. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) reconoció las infracciones y multó a la empresa en un millón de reales (aproximadamente 400.000 euros), mientras el gobierno del Estado de Paraná, a través del decreto n.7487, de noviembre del mismo año, desapropió el área de experiencias transgénicas, destinándolas a la construcción de un centro de estudios e investigación en agroecología. Sin embargo, la empresa logró la anulación del decreto de desapropiación, negándose además a pagar la multa establecida por el IBAMA. Syngenta no sólo siguió en Santa Tereza del Oeste, sino que empezó a realizar nuevos experimentos ilegales con transgénicos. Ante tal situación, campesinos y campesinas, miembros de La Vía Campesina, realizaron una nueva ocupación de la finca experimental el día 21 de Octubre de 2007, con más de 150 personas.

La reacción de Syngenta fue violenta. Actuando a través de una empresa de seguridad privada (NF Seguridad), vinculada a la Sociedad Rural del Oeste (SRO) y al Movimiento de los Productores Rurales (MPR), entidades representativas de los latifundistas locales, desplegó una milicia privada de más de 30 personas armadas que atacaron el campamento, con un saldo de 10 personas heridas y el asesinato del miembro del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Valmir Motta de Oliveira, conocido como Keno. Una amplia campaña de divulgación y denuncia fue realizada a nivel nacional e internacional, con manifestaciones convocadas de Indonesia al Congo, del Estado español a Chile, de Canadá a Croacia, pasando por Venezuela. El caso fue presentado al relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Sumarias, Arbitrarias y Extrajudiciales y en Suiza hubo acciones de la organización de agricultores UNITERRE y de varios parlamentarios. El propio embajador de Suiza en Brasil presentaría sus disculpas oficiales a la familia de Keno.

En octubre de 2008, como consecuencia de la fuerte presión ejercida por el conjunto de organizaciones sociales y la dimensión pública del caso, Syngenta finalmente decidió traspasar el área al Estado de Paraná que, a su vez, autorizó la construcción del Centro de Enseñanza e Investigación Agroecológica Valmir Motta de Oliveira. A pesar del altísimo coste, la conquista del Centro fue valorada como una victoria para La Vía Campesina. No obstante, Syngenta no fue responsabilizada por las acciones de la empresa NF Seguridad (contratada por Syngenta) ni tampoco pagó la multa decretada por el IBAMA, disfrutando así de una impunidad total.

Louis Dreyfus, los agrocombustibles y el trabajo esclavo

Otro sector que presenta una de las caras más visibles del modelo de agronegocio implementado en Brasil es el sucro-alcoholero. El sector presenta uno de los mayores índices de concentración en función de la inversión de capitales internacionales en la industria de agrocombustibles. La presencia de empresas transnacionales en el sector pasó del 1% a 20% en los últimos 10 años. Empresas como Cargill, Bunge, la británica British Petroleum y la holandesa Shell actúan en la producción. Pero el sector agroquímico –y muy en particular Syngenta, Monsanto y Bayer– no queda fuera y también apuesta por el mercado de agrocombustibles desarrollando investigaciones de caña de azúcar transgénicas.

Se trata de un sector donde se concentra la mayor parte de las actividades de trabajo esclavo en Brasil. Los informes anuales de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) sobre “Conflictos en el Campo” así lo han demostrado: en 2007 fueron registrados 3.060 trabajadores encontrados en situación de esclavitud y en 2008 se contabilizarían otros 2.553. Durante el año 2009, más de 1.911 trabajadores serían libertados en este sector, lo que corresponde a un 45% del total de liberaciones, muy por delante del segundo sector, la pecuaria, donde fueron liberados el 14% de los trabajadores sometidos a situaciones de esclavitud. Las muertes por exceso de trabajo ocurren con frecuencia, con más de un trabajador muerto cada 60 días, lo que supone, entre 2004 y 2007, un total de 23 muertos. Según la Pastoral del Migrante, la CUT y un trabajo de José Roberto Pereira Novaes, publicado en Ruris en marzo de 2009, para recibir cerca de 300 euros cada trabajador debe cortar en media 15 toneladas de caña al día, lo que explica las muertes por agotamiento.

En el sector sucro-alcoholero, destaca la empresa francesa Louis Dreyfus, con fuerte presencia en Brasil, y que en octubre de 2009 anunció la compra de otras cinco usinas en São Paulo, tornándose así la segunda mayor procesadora de caña de azúcar del mundo al controlar más de 340.000 hectáreas de tierras para la producción de agrocombustibles. Presente en más de 50 países, es una de las mayores exportadoras de Brasil, líder en el mercado de algodón y gran productora de naranja y semillas oleaginosas. En noviembre de 2009, tras una fiscalización del Ministerio de Trabajo y Empleo, el Ministerio Público de Trabajo y la Policía Federal, fueron encontradas otras 530 personas en situaciones de trabajo esclavo en seis fincas vinculadas a la empresa y en una usina, en el estado de Minas Gerais.

La empresa francesa no asumió las irregularidades referentes a las condiciones de trabajo en que se encontraban sus trabajadores y se recusó a firmar un “Término de Ajuste de Conducta” (TAC) propuesto por el Ministerio Público de Trabajo que preveía compromisos firmes de mejora de condiciones para los trabajadores así como una indemnización cuyo importe ascendía a dos millones de reales (aproximadamente 800.000 euros). No sería la primera reacción de este tipo de la empresa francesa, que en 2006 también se recusó a asumir una multa de un millón de reales por daños morales e irregularidades en una usina de São Paulo, que inspeccionada dos años después volvió a tener problemas referentes a formas de pago de los trabajadores.

Los dos casos expuestos, tanto el de Syngenta como el de Louis Dreyfus, hablan por sí solos: vía libre e impunidad para las grandes empresas y criminalización para las organizaciones y movimientos sociales que denuncian esas asimetrías y participan de forma activa y crítica de la vida política y social. Paradojas que muestran los límites de las políticas “participativas” fomentadas tanto por las instituciones brasileñas como por el artículo 11 del Tratado de Lisboa sobre “iniciativas ciudadanas”, bienvenidas, eso sí, siempre que no contesten al sistema. ¿Y cómo no contestarlo, desde las dos orillas del Atlántico, al ver que el campesinado brasileño produce el 70% de toda la alimentación del país, mientras las empresas transnacionales tratan de lavar su cara y los latifundistas se esmeran para producir commodities para el mercado externo, como soja para pienso, agrocombustibles y pasta de celulosa? ¿Por qué no romper el silencio sabiendo que cada hectárea perteneciente a un campesino o campesina resulta en una renta media de aproximadamente 250 euros y emplea a unas 15 personas, mientras cada hectárea explotada por el agronegocio produce una renta media de 100 euros y emplea a no más de dos personas?

Breno Bringel y Jon Sanz Landaluze, Komite de apoyo al MST Madrid; Douglas Estevam y Janaina Stronzake, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil.

Rompamos el Silencio ha solicitado a diversos autores y autoras los distintos textos que conforman este dossier, con la intención de elaborar un marco amplio de perspectivas sobre la realidad latinoamericana al calor de la presidencia española de la UE. Las opiniones vertidas en el mismo responden, por tanto, a las personas que los firman y no constituyen necesariamente la línea política de Rompamos el Silencio que por tanto no se responsabiliza de las mismas.

Asamblea de Rompamos el Silencio

Mayo de 2010

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