Rompamos el Silencio.
Madrid. Del 17 al 20 de Mayo de 2010.
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La Europa de los mercaderes

Carlos Taibo

Jueves 13 de mayo de 2010

En inicio, y según una visión muy discutible, la construcción europea fue el producto de un compromiso entre capitalismo, democracia y Estados del bienestar.En esa estela, desde hace varias décadas es común que se sostenga que existen dos modelos diferentes de capitalismo. Si el uno, el norteamericano, se vería impregnado por la lógica de la competición más feroz y en modo alguno mostraría una vocación social, el otro, el europeo, mucho más benigno, se basaría en relaciones activas, y presuntas solidaridades, entre propietarios, directivos y trabajadores, con papeles relevantes asignados a bancos y sindicatos, y una visible influencia del Estado en la dirección de la economía.

Hora es ésta de preguntarse por los efectos que años de políticas neoliberales aplicadas en todos y cada uno de los Estados miembros de la UE, y abrazadas por esta última de manera ostentosa, han tenido sobre ese modelo de capitalismo social presuntamente imperante en buena parte de Europa. Aunque sería absurdo negar que la principal huella del capitalismo europeo, el Estado del bienestar, pervive en cierta medida, lo más razonable es afirmar que se encuentra en franco retroceso en provecho de una rápida homologación con el patrón estadounidense. Nos hallaríamos, en otras palabras, ante un mito del pasado cuya preservación algo le debe, probablemente, a una demasiado sencilla y trivial comparación con lo que ocurre en EE UU y Japón.

Liberalización del comercio y los servicios

Hagamos mención a una dimensión importante en este sentido, como es la que afecta a una liberalización, la articulada en torno al Acuerdo General sobre el Comercio y los Servicios (AGCS), que ilustra que nada debe escapar a la rapiña de las grandes empresas. El AGCS recuerda poderosamente, en el terreno de los servicios, a lo que en su momento fue –a buen seguro que reaparecerán propuestas de este cariz– el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), cuyo objetivo era garantizar en plenitud los derechos de los inversores foráneos y limitar la capacidad de los gobiernos para imponer condiciones a la entrada de los capitales correspondientes.

Debe subrayarse que el AGCS en modo alguno apuesta por la pervivencia de los servicios públicos en educación, sanidad y cultura, sino que, antes bien, pone en marcha mecanismos encaminados a su desmantelamiento. Esos servicios son tratados, sin más, como mercados que hay que liberar de normas estatales y desvincular, en consecuencia, de principios como el que reclama la igualdad de derechos. Agreguemos que todo Estado miembro del AGCS que desee dar marcha atrás tendrá que asumir una negociación con los restantes firmantes, que podrán solicitar, entonces, compensaciones. No es cierto, por lo demás, que los países del Sur puedan decidir libremente lo que desean liberalizar: las presiones son tan poderosas como efectivas, dada la indigencia de los Estados correspondientes. Pese a haberlo negado durante mucho tiempo, la Comisión de la UE ha establecido demandas de liberalización de los servicios que, extremadamente ambiciosas, afectan a 109 países, sobre los que ha ejercido las presiones imaginables. Algunos analistas interpretan, en suma, que el objetivo de fondo estriba en crear una vasta zona de librecambio entre la UE y EE UU, siempre sobre la base, eso sí, y significativamente, de las normas norteamericanas.

Cooperación e inmigración

Al respecto, un fiel retrato de las limitaciones que acompañan a la UE lo proporciona su a menudo idealizada política de ayuda al desarrollo. Si bien es innegable que estamos hablando del primer donante mundial de ayuda –corre a cargo del 50% del total planetario– los problemas no faltan. Asumen la forma de exigencias sin cuento en materia de retorno de los fondos liberados –entre un 60% y un 80% de la ayuda a los países pobres regresa en forma de adquisición de equipos, de servicios y de salarios muy altos pagados a los expertos europeos–, de frecuentes acusaciones de mal uso de los recursos y de dudas con respecto a la motivación de fondo de muchas de las medidas adoptadas.

El escenario está muy lejos, en otras palabras, del sabiamente preconizado, en su momento, por Lucio Magri: "Toda relación nueva con el Tercer Mundo presupone un cambio cualitativo en nuestro tipo de desarrollo. Semejante cambio debería llevar aparejada una reorientación de las economías europeas que las aleje de la multiplicación cuantitativa de bienes de consumo y exportación, así como del desperdicio de recursos naturales que la acompaña, y las acerque a otro estilo de desarrollo: un estilo que sea sobrio en el consumo, que exporte tecnología y conocimiento en vez de bienes, que busque una reducción del tiempo de trabajo, que dé prioridad a las mejoras en la calidad de la vida".

El escenario de las relaciones de la UE con los países pobres ha sido cabalmente retratado por Raoul Marc Jennar, quien ha identificado al respecto un radicalismo liberal que, vestido con un lenguaje humanista, habla constantemente de asociación para ocultar otras cosas. La apuesta, en los hechos, de la Unión ha sido la plasmada en un activo proteccionismo, saldado con una progresiva reducción porcentual de las importaciones procedentes de los países pobres (de un 6,7% del total en 1976 pasaron a un 3,4% en 1998), un retroceso de las ayudas (de un 0,37% del PNB de la UE en 1988 descendieron a un 0,23% en 1998), una defensa obscena de los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, una aceptación franca de la mecánica de la deuda externa y un deterioro constante de los términos del intercambio en perjuicio de las contrapartes. El resultado no ha sido otro que una clara preferencia otorgada al libre comercio. En nombre de la ayuda a los países más pobres, y por añadidura, se ha procedido a sustituir las importaciones con precio garantizado de ellos procedentes por importaciones sin garantía alguna en lo que al precio respecta. El beneficiario principal –salta a la vista– lo configuran las grandes empresas. Bastará con recordar que la Comisión de la UE consiguió en su momento que el Consejo y el Parlamento aceptasen una norma que permitía reemplazar por grasas vegetales el 5% del cacao empleado en la producción de chocolate, con grandes beneficios para transnacionales como Nestlé y perjuicios sin cuento para once millones de habitantes del África occidental. O que las grandes empresas farmacéuticas radicadas en la UE han procurado cortocircuitar el trabajo de sus homólogas sudafricanas, brasileñas o indias, para de esta suerte evitar que produjesen fármacos con costes muy inferiores. Si así entiende la UE el desarrollo económico y social de los países pobres, obligado es concluir que en el terreno económico la Unión sí tiene una política común, y muy agresiva.

No es más halagüeño el panorama que la Unión ofrece en lo que a la inmigración se refiere, y eso que a principios del siglo XXI parece fuera de duda que los inmigrantes son fundamento primero de la relativa bonanza económica, prevía a la crisis financiera goblal, de tantos países de la UE. La desaparición de las fronteras internas se ha visto compensada, de cualquier modo, por numerosas disposiciones de cariz visiblemente represivo, muchas veces a cargo de instancias que se hallan al margen del control del Parlamento de la UE y del Tribunal de Justicia de ésta. Faltan, por lo demás, medidas de integración social, laboral y política de los inmigrantes, en tanto sobran los esfuerzos encaminados a perfilar acuerdos de repatriación con los Estados de origen. Las sumas asignadas a control y represión exceden con mucho a las dedicadas a la acogida y atención que los inmigrantes merecen, en una apuesta que se hizo particularmente visible con ocasión del Consejo Europeo celebrado en Sevilla, con presidencia española de la UE, en junio de 2002; la obsesión de tal Consejo no era otra que hacer frente a la inmigración irregular. "Policía fronteriza europea, radares, sensores nocturnos en las fronteras exteriores, sistemas informáticos centralizados (como el SIS), construcción y mantenimiento de centros de internamiento, establecimiento de zonas internacionales en los aeropuertos destinadas a retener a pasajeros a los que se deniega la entrada a la UE, contratos con empresas privadas de seguridad para delegar tareas de control y vigilancia en cuestiones de extranjería. ¿Cuál es el coste económico, y sobre todo humano, del chauvinismo del bienestar?". Nunca se subrayará lo suficiente la contradicción que se revela de la mano de un proyecto político que preconiza la supresión de las fronteras en lo que respecta a capitales, bienes y servicios, pero no hace otro tanto con las personas.

Pareciera, en suma, como si la UE dividiese "a los ciudadanos entre personas de origen comunitario y no-comunitario, con derechos sociales y laborales distintos, consolidando de esta manera una subclase de personas sin derechos o con derechos y trabajo precarios". El escenario general lo retratan cabalmente X. Pedrol y G. Pisarello: "Exportar a los países vecinos las políticas de libre mercado que se encuentran en el origen de la exclusión social y del efecto salida de miles de personas, y negarles luego a éstos derechos fundamentales –como la libertad de circulación– reconocidos al resto de ciudadanos europeos".

Carlos Taibo

Escritor, editor y profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid.

(1) Edición realizada en abril de 2010 del texto original, cedido por el autor a Rompamos el Silencio, publicado en el libro Crítica de la Unión Europea. Catarata, 2006.

Rompamos el Silencio ha solicitado a diversos autores y autoras los distintos textos que conforman este dossier, con la intención de elaborar un marco amplio de perspectivas sobre la realidad latinoamericana al calor de la presidencia española de la UE. Las opiniones vertidas en el mismo responden, por tanto, a las personas que los firman y no constituyen necesariamente la línea política de Rompamos el Silencio que por tanto no se responsabiliza de las mismas.

Asamblea de Rompamos el Silencio

Mayo de 2010

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