Rompamoselsilencio 2010

EJE CONTROL SOCIAL Y MIGRACIONES

rompamos — 2010-05-18T08:29:54Z

Miércoles 19 de mayo. DOS citas, DOS acciones:

Primera cita pública: 11hs en Centro de Converegencia: CSO Casablanca

Segunda cita pública: 13,30hs en Metro Nuñez de Balboa, salida Velázquez

Dossier en PDF

rompamos — 2010-05-17T13:29:33Z

- Dossier

Evolución Cumbres UEALC

rompamos — 2010-05-17T09:44:12Z

En este documento se hace un repaso sintético e intencionalmente didáctico de las diferentes Cumbres UE-ALC (Río de Janeiro, 1999; Madrid, 2002; Guadalajara, 2004; Viena, 2006; Lima, 2008; Madrid, 2010) identificando en cada una de ellas los diferentes contextos, la agenda oficial, y las diferentes vías de participación social y de contestación a la Cumbre oficial, desde las más institucionales hasta las más (...) - Dossier

Telón de fondo de las políticas migratorias

rompamos — 2010-05-16T18:23:03Z

Europa ha implementado en los últimos 10 años una estrategia de países cinturón que actúan de activadores en los sistemas de control de fronteras. Es la llamada externalización, en la práctica una controvertida y dudosa “subcontratación de la militarización” a terceros países con democracias débiles y escasa implementación de los derechos humanos. Un sistema que en contrapartida produce graves violaciones de los derechos fundamentales de los migrantes.

La contraprestación que reciben estos “estados cinturón” se basa en el reconocimiento y mejora de las relaciones políticas con el gigante europeo, en concesiones económicas importantes y en la liberalización del tránsito de mercancías. Al contrario de lo que expresan los discursos políticos europeos el sistema fronterizo es permeable no sólo para los bienes, sino también para una inmigración ligada a insertarse en circuitos productivos definidos por la precariedad y para otra que tiene su base en la trata de seres humanos con fines de explotación. La intensificación de los sistemas de control (SIVE y FRONTEX por ejemplo) resulta en la militarización y acuerdos bilaterales con países como Mauritania, Marruecos o Libia donde se aplican las políticas migratorias europeas con prioridad sobre convenciones y leyes internacionales. Así, el derecho al asilo o la Convención de los Derechos del Niño, entre otras, han sido gravemente lesionados por nuestras democracias.

Numerosas organizaciones sociales han denunciado en los últimos tiempos vulneraciones graves de los derechos de los inmigrantes durante los tránsitos migratorios, a la vez que han apostado por dar visibilidad a una situación de la que consideran corresponsables a los gobiernos europeos. Por otra parte, las políticas de cooperación al desarrollo han comenzado a ocuparse débilmente de proyectos dirigidos hacia los migrantes, con una visión más humanitaria y asistencial que de derechos universales y supeditada siempre a las políticas de control de fronteras.

Perfiles migratorios y estrategias

Frente al discurso oficial y social europeo, los propios inmigrantes también se definen como sujetos políticos, como ciudadanos que se organizan buscando espacios para suplir la invisibilidad y la incapacidad de acceder a las sociedades de tránsito y acogida. La base de la supervivencia son las redes de autoorganización que tienen un componente transnacional y en muchos casos una clara demanda de derechos fundamentales.

El perfil migratorio y de redes ha ido cambiando impulsado por las políticas de militarización. A principios de esta década los campamentos informales dominan la construcción migratoria. Basados en la autogestión, respondían a movimientos de larga duración en el tránsito y cuyo perfil migrante era esencialmente masculino. A partir del 2005 se inicia un proceso donde la sociedad migrante crea redes pseudoformales de representación, se constituyen así organizaciones de inmigrantes en tránsito sin capacidad legal, pero con amplia visibilidad, gracias a partenariados con organizaciones europeas y sobre todo a redes creadas en internet, como Migreurop. Hay en ellas un claro objetivo de denuncia social y reivindicación de derechos. Paralelo a esta visibilización, asistimos en los últimos tres años al reforzamiento de redes criminales de seres humanos, tercer negocio más rentable en el mundo tras el tráfico de armas y drogas.

El crecimiento de las redes de trata con fines de explotación se debe a que han sustituido a redes de tráfico cuyo rol era facilitar el paso irregular de fronteras. La amplia militarización fronteriza ha fomentado un aumento de la redes criminales organizadas. Así se produce una feminización del proceso migratorio, puesto que las mujeres y menores son los colectivos más vulnerables y demandados para la explotación. Viven en contextos de una gran violencia psicológica, física, sexual y económica. Aunque se da una presencia de violencia civil importante, estos colectivos denuncian también sufrir una gran violencia institucional fomentada por las políticas de control migratorio.

Así, nos encontramos a mujeres, niñas, niños y adolescentes que ante la vulneración de sus derechos se venden a redes de trata. “Lo más doloroso son nuestros niños y niñas nacidas en el camino (muchos de ellos fruto de violaciones) y que no existen, no hay inscripciones legales. Son carne de cañón para secuestros en frontera, sexo con bebés y extranjeros (como ocurre en la comunidad congoleña)… o incluso para el tráfico de órganos como ha ocurrido en Argelia. Pedimos que Naciones Unidas proteja a nuestros hijos e hijas”, declaraba hace tiempo Smael, refugiado costamarfileño.

Las construcciones de nuestras fronteras

La frontera muestra en Ceuta y Melilla su permeabilidad y su militarización más visible. La Guardia Civil ha sido acusada de gestionar, junto a los militares marroquíes, deportaciones sumarísimas en las que no cuentan protocolos internacionales ni las propias leyes de extranjería. Guantanamito es el nombre del centro de detención de inmigrantes de Nouadibu (Mauritania), donde las condiciones de vida han sido denunciadas por numerosas organizaciones internacionales. Nada comparable a los centros libios, auspiciados por Italia, donde el maltrato constante ha provocado un número importante de víctimas mortales.

Parecida es la política egipcia cuya consigna es disparar a matar al inmigrante irregular. Muertes se producen cada día en las deportaciones en distintos puntos del desierto del Sáhara que separa el África negra de un Magreb al servicio de Europa.

Helena Maleno Garzón, investigadora especializada en migraciones.

Rompamos el Silencio ha solicitado a diversos autores y autoras los distintos textos que conforman este dossier, con la intención de elaborar un marco amplio de perspectivas sobre la realidad latinoamericana al calor de la presidencia española de la UE. Las opiniones vertidas en el mismo responden, por tanto, a las personas que los firman y no constituyen necesariamente la línea política de Rompamos el Silencio que por tanto no se responsabiliza de las mismas.

Asamblea de Rompamos el Silencio

Mayo de 2010

La Unión Europea y Argentina

rompamos — 2010-05-16T18:21:31Z

Un aspecto importante y todavía vigente [en las relaciones entre la UE y Argentina] es la influencia y la potenciación que recibieron todos los organismos de derechos humanos durante la última dictadura militar de 1976-1983. Hubo diplomáticos alemanes e italianos que dieron una ayuda que salvó a muchas personas, periodistas españoles, holandeses, anglosajones que transmitieron noticias sobre la represión, asociaciones holandesas que dieron mucho dinero para las Madres de Plaza de Mayo. Pero los gobiernos europeos no dijeron nada en público contra la dictadura, como Holanda, inclusive cuando no se renovó el contrato de empleo en la ONU al holandés Theo van Boven, responsable de DD HH en la misma, por denunciar a Argentina y Guatemala, como países protectores de represores (se puede recordar como el informe de Van Boven de 2003 sobre la tortura en España fue rechazado por el gobierno de turno). De paso, se puede recordar que la URSS se opuso siempre a cualquier sanción contra la junta militar argentina (que le vendía cereales y carne), con el voto imitativo de Cuba (y el silencio de los hermanos Castro). En el plano económico, la UE no aplicó sanciones a la dictadura argentina.

En la actualidad, tras 26 años de democracia capitalista, la presión exterior para acelerar los juicios a los represores es aun una necesidad imprescindible. Lo demuestra ampliamente el caso de Julio Alberto Poch, aviador de la Marina y participante en los vuelos de la muerte. No fue investigado ni interrogado a partir de los archivos militares (todavía ocultos e inconsultables) ni tampoco se realizó acción alguna por parte del Gobierno argentino, ni menos de una iniciativa de los ministerios de Justicia o de Relaciones Exteriores. Poch y su familia se instalaron y se nacionalizaron en Holanda en los ‘80. Ya como piloto en una compañía de su nuevo país, se jactó de sus acciones y de la justeza de matar rojos, y sus propios colegas le denunciaron en 2008, contactaron a un juez argentino y Poch fue detenido en España en septiembre de 2009 y extraditado a Argentina en enero de 2010. ¿Cuántos otros Poch habrá en otros países, tranquilos y seguros de la complicidad directa, en la práctica, de la presidencia argentina actual? El gobierno de los Kirchner consiguió dar la impresión de que los juicios contra los represores iban a reanudarse, tras las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final del presidente Raúl Alfonsín (radicalismo argentino, o sea: un zigzagueo constante entre centro y poder de derecha [la derecha argentina no existe porque desde siempre está en la cúspide del poder del país] y de indultos del presidente Carlos Ménem (peronista neoliberal, como los Kirchner).

En realidad, los pocos logros adquiridos lo fueron a pesar de los Kirchner y gracias a la valentía y la entereza de pocos jueces y de los testigos. En total, dos condenas a cadena perpetua en prisión común en 2006 y 2007 de dos mandos menores de la policía de Buenos Aires –uno de ellos un sacerdote que sigue en el seno de la Iglesia–; e importante como golpe de efecto, una condena idéntica al general Santiago Omar Riveros en 2009 en una unidad penitenciaria y otra condena del famoso General Jefe del III Cuerpo en Córdoba Benjamín Menéndez en 2008, que se pasa la mitad del tiempo en arresto domiciliario por las influencias que mantiene en la provincia.

La respuesta de los medios afines a los represores fue inmediata. El principal testigo de cargo del primer proceso, Jorge Julio López, fue desaparecido el 18 de septiembre de 2006. Hoy por hoy la causa está en punto muerto porque varios jueces rehusaron la responsabilidad de la encuesta y por evidente voluntad de enterrar el caso desde la Presidencia y todos los partidos políticos y asociaciones de DD HH sobornadas. Jorge Julio López se añade a la lista de varios jóvenes desaparecidos en democracia, culpables de fastidiar a la policía de Buenos Aires, de otras provincias y la policía federal. Para todos los presidentes argentinos desde hace 26 años, los cuerpos de represión –inseparables de la dictadura militar– son un Estado intocable dentro del Estado.

Pero paralelamente, Francia, y sobre todo Italia y ahora Alemania, mantienen juicios por binacionales desaparecidos y piden la extradición de represores. Inclusive el embajador de Francia estuvo en el inicio de dos juicios en curso en Buenos Aires para los campos de Atlético-Banco-Olimpo y la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada). Esta es la cara bonita de la UE, expresada por la declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, el 11 de diciembre: “Hemos aportado de modo permanente nuestro sostén al Gobierno argentino desde su decisión en 2003 de invalidar las leyes sobre la impunidad y asumir así valientemente su deber de memoria. Nuestra Embajada en Buenos Aires manifiesta un interés constante en este juicio y seguirá atentamente su desarrollo, con el fin de testimoniar a las autoridades argentinas y a las familias de las víctimas nuestra preocupación por que se cumpla la justicia”.

Esta afirmación es mezquina e hipócrita porque privilegia las víctimas del terror militar e ignora los del tétrico día a día de la hambruna, la carencia de medicamentos básicos, el vaciamiento de medios del sistema sanitario que entraña la muerte diaria de cien niños (declaración del gremio de periodistas de Buenos Aires en 2005), de 15 a 25 según algunos intelectuales sedicentes de izquierda. O sea entre unos 30.000 y 5.000 / 9.000 al año, lo que desde el 2005 representa muchos más asesinatos que los de la dictadura militar), sin contar a los adultos. El país cuenta con más de cinco millones de indigentes. ¿Acaso no pertenece esta masacre a los DD HH? ¿Y los 2 millones de asalariados –sin contar los familiares– que están bajo o que rozan la línea de la pobreza cobrando menos de 2.000 pesos, los jubilados con unos 800, quienes cobran un plan de 150, y los argentinos mapuches, wichíes, Qom, etc., a veces en situaciones de abandono tipo ghetto de Varsovia (como se ve para la provincia de Chaco gracias a la incansable campaña de Mempo Giardinelli)?

Esta visión miope y muy europea ha contagiado a los propios organismos de DD HH argentinos, que además eligieron en su gran mayoría recibir subsidios de los Kirchner y callar sobre los contubernios electoralistas con políticos corruptos y represores de los pueblos originarios, como en la provincia de Salta (donde el nuevo gobernador pro-Kirchner, Uturbey, no vale más que Romero, el anterior). Las Madres de Plaza de Mayo, tanto las manipuladas por Hebe de Bonafini como el grupo de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, cobran (indirectamente para el segundo grupo), y a duras penas, a regañadientes, admiten ver muertes de jóvenes por el gatillo fácil policial, o las muertes cotidianas por la miseria. Esas Madres se quedan varadas en “sus” muertos de la dictadura. Son iguales que los judíos que se atribuyen el genocidio nazi y excluyen a los gitanos y a otros genocidios, sin ver los palestinos tratados como judíos de los ‘40 por los israelíes para repetir una comparación de Marek Edelman, uno de los responsables militares de la insurrección del ghetto de Varsovia, muerto en 2009. Las Madres “díscolas” –que ven el día a día y denuncian los atropellos, las injusticias diarias–, se pueden contar en los dedos de las dos manos para todo el país. Es mi opinión después de varios años de contactos con Madres de Plaza de Mayo.

En cuanto a la clase dirigente, desde el golpe militar de 1976 hasta la presidente actual, están tan imbuidos de ideas made in USA, made in European Community, que el problema de los argentinos indígenas y de los indigentes no está en su agenda. A veces hablan de ellos sin actuar, aparentan reformas que no arrancan o que se empantanan en el clientelismo. De hecho, todos aplican un genocidio lento y progresivo, con la mejor sonrisa y (casi todos) con un enriquecimiento personal espectacular. De hecho, los detentadores del poder y las clases medias altas viven con un concepto de DD HH muy europeo, muy FMI, de cancelarlos si se infringen a gran escala en los perdedores, que son los pobres. Argentina es como si Francia y Gran Bretaña tuvieran en su propia geografía Nueva Caledonia, Guadalupe, Gibraltar, Mauricio, etc. La súper indigencia de las Antillas se confundiría con la indigencia a la europea de las periferias, los kanacos estarían en las mismas colas para cobrar el desempleo y subsidios que los metropolitanos, los sin papeles. Y las clases altas no distinguen nada desde sus mansiones y palacetes, ¿y cómo van a ver si la mitad del país está en la cuneta?

La dispersión geográfica de parte de los pobres de sus ex colonias (con el mismo estatuto de hecho que los satélites de la URSS durante el socialismo real) permite a la Unión Europea intervenir militarmente lejos de sus fronteras –las bases soviéticas que había en Hungría y Polonia son como las de Francia en Chad o Costa de Marfil–. Al mismo tiempo, la UE (con sus contingentes militares en Irak y en Afganistán, y en parte en la ex Yugoslavia) mantiene a su población en una ceguera, una incomprensión muy cómoda, con una propaganda de supuesta defensa de la democracia digna de los EE UU en sus intervenciones militares pasadas en Santo Domingo, en Nicaragua y las de la URSS en Hungría y en Checoslovaquia. Por supuesto, Argentina, Brasil y Chile no pueden dejar de imitar a la UE (con menos éxito, por lo menos para Argentina) y cumplen el mismo papel en Haití, manteniendo la miseria y las mafias e incapaces de aportar gran cosa, como se vio con el seísmo del enero pasado (tirar la comida desde camiones a los hambrientos como si fueran perros, en lugar de construir con ellos redes solidarias). Lo normal o lo peor es que todo se hace con el respaldo de la ONU y de los EE UU. Como lo titulaba hace pocas semanas el periódico satírico argentino Barcelona (“una solución europea para los problemas de los argentinos”), “¿Cómo hizo Haití para que 150.000 ciudadanos salgan de la extrema pobreza?”

Otra actitud práctica heredada de uno de los países artífices de la Unión Europea es cómo acabar con la subversión interna fuera de la legalidad. En este caso también Francia se lleva la palma con su experiencia militar represiva de las guerras de Vietnam y de Argelia, ampliamente enseñada en Buenos Aires por asesores y represores militares franceses (como el general Aussaresses) desde el inicio de los ‘70 tanto en Argentina como en EE UU y en la Escuela de las Américas. El libro y el filme de Marie-Monique Robin, Escuadrones de la muerte, la Escuela francesa, 2004, es ninguneado por el gobierno francés y su ministerio de Defensa. Una buena señal de su seriedad. La última dictadura militar argentina de 1976-1982 tuvo la exquisitez de combinar armónicamente la práctica francesa con las influencias del fascismo católico del Caudillo y de la visión nazi de los judíos rojos (la comunidad judía -siempre del lado del poder- los ignoró por no ser sionistas), con el sorprendente matiz de recibir suministros de armamentos y piezas de recambio para el material norteamericano de Israel (que sabía y callaba) y Sudáfrica. En efecto, el presidente de EE UU Jimmy Carter aplicaba una política de DD HH (dejando hacer a los dos países citados y a la CIA, por supuesto).

Si miramos el presente y el peso europeo en la economía argentina, hubo una misión de parlamentarios franceses encabezada por el senador Jean Huchon (centrista de derecha fallecido en 2009) que visitó Brasil y Argentina en 1999 y dejó un informe aprobado por el Parlamento francés en 2000. A menos de dos años del descalabro de la economía argentina y de la explosión de diciembre de 2001 se lee: “Todos los interlocutores de la delegación reconocieron la legitimidad [para Brasil y Argentina] de las medidas de disciplina presupuestaria y monetaria, de limitación de la inflación, de privatización, de desregularización, de ofertas a las sociedades extranjeras, etc.”. Dicho de otro modo, como los delegados de la Cruz Roja suiza en visita de control en los campos de concentración nazi en los ‘40, los franceses sólo vieron anfitriones simpáticos durante comidas sabrosas. Además, es el tipo de análisis frío, anónimo, que se puede hacer desde cualquier despacho de consultores en Berlín, Nueva York o Londres, y para cualquier país que adopte el “set”, el paquete de medidas FMI, Banco X e Y, preparado desde hace decenios. Únicamente falta el detalle de cuántas decenas de miles de pobres hay que eliminar (los nazis eran más honestos desde este punto de vista).

En el ámbito económico actual, un cambio, notable en apariencia, es un amago de reestatización del gobierno argentino “en las tarifas de aquellos servicios públicos de mayor sensibilidad y efectos sociales (agua, energía eléctrica, gas natural por redes, ferrocarriles de pasajeros, telefonía básica) de los presidentes Duhalde y Kirchner […] en el marco de una estrategia controvertida –si no, a veces, contradictoria–, discontinua y heterogénea” (Daniel Azpiazu y Nicolás Bonofiglio, Nuevos y viejos actores en los servicios públicos, 2006). Me parece que ese estilo significa que para evitar otra explosión de diciembre de 2001 de las clases medias-bajas unidas a los más empobrecidos, los presidentes de la república de turno fingen bloquear los precios de los servicios básicos (suministrados por multinacionales mayoritariamente de la UE).

También se agrega que dichos presidentes, para tener mayor financiación para eventuales sobornos de votos de parlamentarios a favor de ciertas leyes del gobierno (una práctica política banalizada), amenazan con juicios a varias multinacionales (Telefónica en 2010, en 2008 la Lyonnaise des Eaux (filial de Suez), Vivendi, Total, Électricité de France, etc.). Lo que no genera ninguna tensión real, con apelaciones y contra apelaciones, antes de 10 años no habrá sentencia.

El caso más ridículo de reestatización es el de Aerolíneas Argentinas, vendida por debajo de su valor a Iberia y recomprada en 2008 con sus deudas por los Kirchner: “La cifra erogada [desembolsada] en 2009, el primer año completo de Aerolíneas estatal, equivale a un promedio de 1,7 millones de dólares por día” (Clarín, 12 de febrero de 2010). Se podría fantasear sobre qué se podría hacer por los más abandonados con tales cantidades, pero estamos con los Kirchner, o sea: nada serio, sino barullo y chamullo (blablabla).

Los argentinos memoriosos apuntan que YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) se vendieron por 16.000 millones de dólares am USA, sin un centavo para el Estado argentino, y que 70 millones de dólares aparecen y desaparecen en la compra por Iberia de Aerolíneas Argentinas (Atilio Borón en El progresismo argentino, Buenos Aires, 2006). La emancipación argentina y latinoamericana pasa por la búsqueda y la creación de un pensamiento crítico propio, por soluciones para y con la participación de la gran mayoría. De ahí la poca utilidad de los caminos cubanos y venezolanos.

“Que se vayan todos” fue el lema espontáneo de la bronca de las decenas de miles de manifestantes en 2001 (que se volvió a corear en 2007 en las manifestaciones de docentes) que tanto eco tuvo fuera de Argentina e incluso en Europa, y que con tanto éxito consiguieron dividir/hundir numerosos grupos verticalistas de izquierda. Pero es de la efervescencia y de la rabia popular horizontal de donde puede surgir una esperanza, no de biblias o técnicas de comunicación.

Frank Mintz, historiador franco-búlgaro residente en Argentina

Asamblea de Rompamos el Silencio

Mayo de 2010

El acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea: el saqueo sigue

rompamos — 2010-05-16T18:20:02Z

En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá. Todo el mundo se dio cuenta por la sublevación zapatista, pero la Unión Europea tomó nota de otras consecuencias. Perdió su poca participación en el mercado mexicano.

La UE decidió en ese entonces poner en marcha una ofensiva diplomática para llegar a acuerdos TLC con los países de América Latina. A diferencia de los EE UU empeñados en promocionar el ALCA la UE optó por firmar acuerdos con países individuales o con grupos de países reconociendo las grandes diferencias entres sus economías y sus relaciones con la UE y las dificultades que eso representaba para firmar un acuerdo global. Su primer acuerdo se firmó con México.

Desde ese momento la UE ha emulado a la política norteamericana firmando y entrando en negociaciones a lo largo y ancho del continente. Además, de los TLC, en el caso de Colombia aprobó el SPG plus. El SPG replica el ATPDEA de los EE UU. Otorga preferencias arancelarias a Colombia por su compromiso y éxito en la mal llamada lucha contra las drogas. Así en la actualidad hasta 7.200 productos colombianos pueden entrar y circular por la UE sin pagar arancel o en los peores casos paga un arancel bajo. Quiere decir que Colombia no requiere de un TLC para poder comercializar sus productos con la UE. EL TLC no es para el beneficio de Colombia sino para beneficiar el gran capital europeo y su entrada en Colombia. Valga decir que los productos que Colombia exporta a Europa son productos primarios como son: el carbón (32%), seguido por el banano (16,2%), café (13,8%), ferro níquel (11,6%), peces y crustáceos (3,4%) y flores (3,4%) y además Europa es el principal destino del aceite de palma colombiano cuya producción ha experimentado un aumento vertiginoso en los últimos años.

La UE no esperó a la firma de un acuerdo para comenzar este proceso. El Banco Europeo de Inversiones, una entidad de cooperación europea con las empresas de los países del sur, dio un préstamo barato a Telefónica de España para apoderarse de la empresa de telecomunicaciones Movistar. Ese ejemplo dice más de las intenciones europeas en Colombia que cualquier comunicado público sobre la “ayuda al desarrollo”. Parece increíble que nadie dude de los intereses e intenciones de los EE UU pero sí de las intenciones e intereses europeas en Colombia.

Hay varios sectores donde los EE UU no es el poder dominante. Sin lugar a dudas los EE UU son y serán dominantes en el sector agrícola en términos de las importaciones de alimentos que Colombia hace de ultramar. En el caso de trigo se ve claramente el dominio de los EE UU; Colombia importa más de 1.265.000 toneladas al año de ese cereal. Sin embargo, la UE es el destino del aceite de palma, del cacao y otros productos. También piensa dominar el mercado de leche en Colombia con sus excedentes (algunas empresas lecheras en Colombia, como Parmalat son de capital europeo). Hasta los ultraderechistas como José Felix LaFourie, presidente de la asociación ganadera FEDEGAN y defensor de la financiación que los ganaderos dieron a las AUC ha afirmado que se podrían perder cientos de miles de empleos en el sector lechero si el TLC con Europa entra en vigor.

Hay otros sectores donde las empresas europeas son dominantes. La BP y Repsol son empresas dominantes del sector petrolero; Telefónica del sector de telecomunicaciones; y el BBVA es apenas una de las entidades financieras europeas que operan en el país directamente o a través de filiales. En el sector del suministro de agua, son las empresas europeas como Suez y Aguas de Barcelona las que están entrando con mucha fuerza. Ese sector está siendo privatizado bajo las directrices del Banco Mundial. Dicha privatización también es impulsada por varias instituciones de la UE y por sus fondos de cooperación internacional. Y son las empresas europeas las que se han apoderado de varias de las empresas privatizadas en Colombia.

Además, la UE es el segundo socio comercial de Colombia después de los EE UU con un flujo de comercio de más de 6.400 millones de euros y como claro indicio de su interés económico en el país y sus intenciones estratégicas a largo plazo, la UE es el principal inversionista en el país dejando en segundo lugar a los EE UU.

El efecto del TLC con Europa no guarda muchas diferencias con el TLC con los EE UU. Puede que algún sector salga más afectado en uno u otro acuerdo pero en términos generales el impacto será muy parecido. Era de esperar pues, que los temas de discusión fueran los mismos. He aquí un listado de los temas que discutieron los europeos. Es exactamente la misma lista que discutieron los norteamericanos, es decir:

1. Acceso a mercados, incluyendo aranceles y medidas no arancelarias (reglas generales y sectores no agrícolas).

2. Acceso a mercados, incluyendo aranceles y medidas no arancelarias (agric.).

3. Asimetrías y tratamiento especial y diferenciado.

4. Reglas de origen.

5. Asuntos aduaneros y facilitación del comercio.

6. Obstáculos técnicos al comercio.

7. Medidas sanitarias y fitosanitarias.

8. Instrumentos de defensa comercial.

9. Servicios, establecimiento y movimiento de capitales (inversiones).

10. Compras públicas.

11. Propiedad intelectual.

12. Competencia.

13. Solución de diferencias, asuntos horizontales e institucionales.

14. Comercio y desarrollo sostenible.

La UE como principal inversionista en Colombia es la principal fuente del saqueo de los recursos naturales del país. De la misma manera que los EE UU buscaron beneficiar a su sector agrícola en las negociciones de su TLC con Colombia, la UE ha buscado fortalecer determinados sectores agrícolas y además ha fomentado a través de la “cooperación internacional” y los cambios en los aranceles la especialización del campo colombiano en determinados productos destinados al mercado europeo, como son el aceite de palma, cacao, flores, cafés especiales, etc. Ahora con el TLC pretende profundizar esa tendencia y abrir más el país al capital europeo y la expansión de las empresas del sector extractivo, bancario, etc.

El gobierno colombiano se rindió hace mucho tiempo en su vano intento de construir una economía propia. Su apuesta actual es retornar a los tiempos de una economía productora de bienes primarios que se exportan a Europa. En el TLC y la política general del país, el gobierno ha optado para promocionar la extracción minera, petrolera y la especialización del campo en productos exóticos para mercados externos. El TLC pretende elevar esa política al nivel de tratado legal internacional que sujeta las generaciones venideras a trabajar y producir según el antojo y necesidad del capital europeo y consumir los excedentes agrícolas de los países del norte.

Gearòid Ó Loingsigh, investigador social, trabaja con organizaciones de base en Colombia. Autor de dos libros sobre el conflicto colombiano: La Estrategia Integral del Paramilitarismo en el Magdalena Medio y El Catatumbo: Un reto por la verdad.

Asamblea de Rompamos el Silencio

Mayo de 2010

Agronegocio: el capital europeo (y la Europa del Capital) en el campo brasileño

rompamos — 2010-05-16T18:18:26Z

En la estructura agraria brasileña actual, caracterizada por la profundización de los aspectos más perniciosos para los campesinos y campesinas, la concentración de la tierra sigue siendo el tema central que mejor refleja la apuesta por un modelo, el agronegocio, que el gobierno brasileño y la Unión Europea tratarán de profundizar en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) que se celebrará en Madrid a mediados de mayo. Según el último Censo Agropecuario Brasileño, divulgado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en 2009, hubo un incremento de la concentración de tierras en Brasil en los últimos años. En 2000, el Índice GINI en lo que se refiere a la propiedad de tierras era de 0,802; en 2006, se había incrementado a 0,872, lo que supone un 76% de las tierras en manos de grandes y medianos latifundistas.

Esos datos tienen una importante razón de ser: la carrera por los agrocombustibles y la actuación de grandes empresas transnacionales, la mayoría de capital europeo, que actúan en el sector. Las consecuencias de esa actuación son múltiples y multidimensionales: la creciente expulsión de campesinos/as de sus tierras; las condiciones degradantes de trabajo (caracterizada por formas de explotación de la mano de obra que se asemejan al trabajo esclavo); las persecuciones y violencias (estructurales, físicas, psicológicas, etc.) contra los movimientos sociales; y el agravamiento de los problemas ambientales como consecuencias del modelo basado en monocultivos en detrimento de la biodiversidad, que apuesta por la creciente utilización de pesticidas químicos y la consecuente contaminación del medio ambiente, los suelos, aguas e impactos en la salud de los trabajadores y trabajadoras del campo.

A pesar de ello, se observa que en el actual contexto de preparación de la Cumbre UE-ALC en Madrid hay una apuesta explícita por parte de la UE en incrementar su influencia financiera en América Latina a partir de este modelo comercial y agrícola. Todo ello enmarcado en la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, en nuevas firmas de tratados bilaterales de libre comercio (casos de Perú y Colombia), nuevas apuestas estratégicas (casos de Chile y México) e incluso acuerdos birregionales (con América Central). En este camino hacia lo que desde Bruselas se denomina un “acuerdo de asociación estratégica global”, el gobierno brasileño, a quien también le interesa contar con la UE como aliado para su proyección regional/internacional, es un pilar fundamental. Tienen en común una gran variedad de intereses mutuos que culmina en 2007 con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Brasil y la UE, base formal para que empresas europeas logren riendas sueltas para seguir su narrativa de poder y dominación.

Teniendo en cuenta esta complicidad de la UE y sus aparatos institucionales, presentaremos en este breve texto dos ejemplos específicos de la presencia de empresas europeas, la suiza Syngenta y la francesa Louis Dreyfus, en el campo brasileño. Mientras en el primer caso veremos cómo opera el sector agroquímico, en el segundo nos adentraremos en el sector sucro-alcoholero, vinculado a los agrocombustibles. En los dos casos, encontraremos diferentes formas de explotación y violencia del modelo del agronegocio contra el campesinado y su entorno, pero también muestras vivas de denuncias y resistencias que asumen inevitablemente un carácter internacional y transnacional.

Syngenta y el mercado agroquímico

En el año 2008, Brasil se tornó el mayor consumidor mundial de agrotóxicos, con una cifra superior a las 670.000 toneladas al año, premio que el gobierno Lula no suele contabilizar en sus intervenciones ante la opinión pública internacional. Según el Sindicato Nacional de Industria de Defensa Vegetal (SINDAG), los beneficios de la industria química el año pasado en Brasil fueron de 7.125 millones de dólares, valor superior a los 6.600 millones facturados por el mismo sector en Estados Unidos. Por otro lado, según datos del IBGE, sólo en el año 2006 más de 25.000 trabajadores rurales sufrieron intoxicaciones.

El caso de la actuación de la empresa suiza Syngenta Seeds contribuye a aclarar estas cifras y mucho de lo que sucede en las zonas rurales de Brasil y en América Latina en la actualidad. Con un control aproximadamente del 20% del mercado mundial de agroquímica, por detrás únicamente de Monsanto y Dupont (empresas transnacionales también presentes en Brasil), Syngenta mantenía desde 1998 un campo de experimentos de 127 hectáreas en la ciudad de Santa Tereza del Oeste, en el Oeste del Estado de Paraná (sur de Brasil). Infringiendo la Ley de Bioseguridad, la empresa realizaba experimentos con maíz transgénico en un área de protección ambiental del Parque Nacional de Iguazú, reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad por Naciones Unidas desde 1986.

Organizaciones campesinas de Vía Campesina Brasil ocuparon esta área de experimentos de Syngenta en marzo de 2006, durante la realización de la Convención de Biodiversidad Biológica (COP/MOP), como una forma de denunciar el crimen ambiental cometido por la empresa. Esta acción tuvo una gran repercusión internacional y organizaciones ecologistas de más de 15 países, presentes en la COP/MOP, visitaron el lugar para constatar las irregularidades. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) reconoció las infracciones y multó a la empresa en un millón de reales (aproximadamente 400.000 euros), mientras el gobierno del Estado de Paraná, a través del decreto n.7487, de noviembre del mismo año, desapropió el área de experiencias transgénicas, destinándolas a la construcción de un centro de estudios e investigación en agroecología. Sin embargo, la empresa logró la anulación del decreto de desapropiación, negándose además a pagar la multa establecida por el IBAMA. Syngenta no sólo siguió en Santa Tereza del Oeste, sino que empezó a realizar nuevos experimentos ilegales con transgénicos. Ante tal situación, campesinos y campesinas, miembros de La Vía Campesina, realizaron una nueva ocupación de la finca experimental el día 21 de Octubre de 2007, con más de 150 personas.

La reacción de Syngenta fue violenta. Actuando a través de una empresa de seguridad privada (NF Seguridad), vinculada a la Sociedad Rural del Oeste (SRO) y al Movimiento de los Productores Rurales (MPR), entidades representativas de los latifundistas locales, desplegó una milicia privada de más de 30 personas armadas que atacaron el campamento, con un saldo de 10 personas heridas y el asesinato del miembro del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Valmir Motta de Oliveira, conocido como Keno. Una amplia campaña de divulgación y denuncia fue realizada a nivel nacional e internacional, con manifestaciones convocadas de Indonesia al Congo, del Estado español a Chile, de Canadá a Croacia, pasando por Venezuela. El caso fue presentado al relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Sumarias, Arbitrarias y Extrajudiciales y en Suiza hubo acciones de la organización de agricultores UNITERRE y de varios parlamentarios. El propio embajador de Suiza en Brasil presentaría sus disculpas oficiales a la familia de Keno.

En octubre de 2008, como consecuencia de la fuerte presión ejercida por el conjunto de organizaciones sociales y la dimensión pública del caso, Syngenta finalmente decidió traspasar el área al Estado de Paraná que, a su vez, autorizó la construcción del Centro de Enseñanza e Investigación Agroecológica Valmir Motta de Oliveira. A pesar del altísimo coste, la conquista del Centro fue valorada como una victoria para La Vía Campesina. No obstante, Syngenta no fue responsabilizada por las acciones de la empresa NF Seguridad (contratada por Syngenta) ni tampoco pagó la multa decretada por el IBAMA, disfrutando así de una impunidad total.

Louis Dreyfus, los agrocombustibles y el trabajo esclavo

Otro sector que presenta una de las caras más visibles del modelo de agronegocio implementado en Brasil es el sucro-alcoholero. El sector presenta uno de los mayores índices de concentración en función de la inversión de capitales internacionales en la industria de agrocombustibles. La presencia de empresas transnacionales en el sector pasó del 1% a 20% en los últimos 10 años. Empresas como Cargill, Bunge, la británica British Petroleum y la holandesa Shell actúan en la producción. Pero el sector agroquímico –y muy en particular Syngenta, Monsanto y Bayer– no queda fuera y también apuesta por el mercado de agrocombustibles desarrollando investigaciones de caña de azúcar transgénicas.

Se trata de un sector donde se concentra la mayor parte de las actividades de trabajo esclavo en Brasil. Los informes anuales de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) sobre “Conflictos en el Campo” así lo han demostrado: en 2007 fueron registrados 3.060 trabajadores encontrados en situación de esclavitud y en 2008 se contabilizarían otros 2.553. Durante el año 2009, más de 1.911 trabajadores serían libertados en este sector, lo que corresponde a un 45% del total de liberaciones, muy por delante del segundo sector, la pecuaria, donde fueron liberados el 14% de los trabajadores sometidos a situaciones de esclavitud. Las muertes por exceso de trabajo ocurren con frecuencia, con más de un trabajador muerto cada 60 días, lo que supone, entre 2004 y 2007, un total de 23 muertos. Según la Pastoral del Migrante, la CUT y un trabajo de José Roberto Pereira Novaes, publicado en Ruris en marzo de 2009, para recibir cerca de 300 euros cada trabajador debe cortar en media 15 toneladas de caña al día, lo que explica las muertes por agotamiento.

En el sector sucro-alcoholero, destaca la empresa francesa Louis Dreyfus, con fuerte presencia en Brasil, y que en octubre de 2009 anunció la compra de otras cinco usinas en São Paulo, tornándose así la segunda mayor procesadora de caña de azúcar del mundo al controlar más de 340.000 hectáreas de tierras para la producción de agrocombustibles. Presente en más de 50 países, es una de las mayores exportadoras de Brasil, líder en el mercado de algodón y gran productora de naranja y semillas oleaginosas. En noviembre de 2009, tras una fiscalización del Ministerio de Trabajo y Empleo, el Ministerio Público de Trabajo y la Policía Federal, fueron encontradas otras 530 personas en situaciones de trabajo esclavo en seis fincas vinculadas a la empresa y en una usina, en el estado de Minas Gerais.

La empresa francesa no asumió las irregularidades referentes a las condiciones de trabajo en que se encontraban sus trabajadores y se recusó a firmar un “Término de Ajuste de Conducta” (TAC) propuesto por el Ministerio Público de Trabajo que preveía compromisos firmes de mejora de condiciones para los trabajadores así como una indemnización cuyo importe ascendía a dos millones de reales (aproximadamente 800.000 euros). No sería la primera reacción de este tipo de la empresa francesa, que en 2006 también se recusó a asumir una multa de un millón de reales por daños morales e irregularidades en una usina de São Paulo, que inspeccionada dos años después volvió a tener problemas referentes a formas de pago de los trabajadores.

Los dos casos expuestos, tanto el de Syngenta como el de Louis Dreyfus, hablan por sí solos: vía libre e impunidad para las grandes empresas y criminalización para las organizaciones y movimientos sociales que denuncian esas asimetrías y participan de forma activa y crítica de la vida política y social. Paradojas que muestran los límites de las políticas “participativas” fomentadas tanto por las instituciones brasileñas como por el artículo 11 del Tratado de Lisboa sobre “iniciativas ciudadanas”, bienvenidas, eso sí, siempre que no contesten al sistema. ¿Y cómo no contestarlo, desde las dos orillas del Atlántico, al ver que el campesinado brasileño produce el 70% de toda la alimentación del país, mientras las empresas transnacionales tratan de lavar su cara y los latifundistas se esmeran para producir commodities para el mercado externo, como soja para pienso, agrocombustibles y pasta de celulosa? ¿Por qué no romper el silencio sabiendo que cada hectárea perteneciente a un campesino o campesina resulta en una renta media de aproximadamente 250 euros y emplea a unas 15 personas, mientras cada hectárea explotada por el agronegocio produce una renta media de 100 euros y emplea a no más de dos personas?

Breno Bringel y Jon Sanz Landaluze, Komite de apoyo al MST Madrid; Douglas Estevam y Janaina Stronzake, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil.

Asamblea de Rompamos el Silencio

Mayo de 2010

EJE CONTROL SOCIAL Y MIGRACIONES

rompamos — 2010-05-15T11:05:54Z

Jueves 20 de mayo

Cita pública: 20.00 hs

Centro de Convergencia, CSO Casablanca,

Calle Santa Isabel 23, metro Antón Martín

EJE CONTROL SOCIAL Y MIGRACIONES

rompamos — 2010-05-15T11:05:02Z

Miércoles 19 de mayo. DOS citas, DOS acciones:

Primera cita pública: 11hs en Centro de Converegencia: CSO Casablanca

Segunda cita pública: 13,30hs en Metro Nuñez de Balboa, salida Velázquez

EJE JUSTICIA CLIMÁTICA Y ECOFEMINISMO

rompamos — 2010-05-15T11:04:22Z

Martes 18 de mayo Cita Pública: 10.00: Plaza del Callao - Agenda RES